La Guardia Civil investigó a un vecino de Puebla por un supuesto delito de maltrato animal

La Guardia Civil instruyó diligencias a un vecino de Puebla de la Calzada como presunto autor de un delito de maltrato animal y quebrantamiento de condena. Dentro de la campaña '#YoSiPuedoContarlo' desarrollada para prevenir el maltrato y el abandono animal, cuyo objetivo es «concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección y bienestar de los animales de compañía y denunciar las conductas de las que tuviesen conocimiento», la Patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Caya pudo saber cómo en el interior de una nave del término municipal de Valdelacalzada, podría encontrarse un perro en mal estado. Inspeccionado el inmueble a principios de este mes, se constató la existencia de un perro de raza galgo.

El animal se encontraba en condiciones deplorables de salubridad, sin las mínimas condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal, permaneciendo encerrado en instalaciones inadecuadas, con evidentes síntomas de desnutrición: sin agua, comida y con extrema delgadez y abandono, explica la Guardia Civil.

De las gestiones practicadas por los agentes se pudo identificar al propietario, un vecino poblanchino con antecedentes por los mismos hechos, quien tenía registrado a su nombre dos perros constándole por sentencia judicial la prohibición de tenencia de animales domésticos.

Con las pruebas incriminatorias, que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Badajoz., este pasado martes en dependencias oficiales de la Guardia Civil se le instruyó diligencias por un supuesto delito de maltrato animal por la omisión en la debida atención y cuidado del perro, ante la desnutrición y absoluta falta de salud e higiene del animal, así como por quebrantamiento de condena que tenía impuesta.

El supuesto autor de los hechos se enfrenta a penas de prisión de hasta un año e inhabilitación de hasta tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales, pudiendo agravarse la pena por la muerte de los animales hasta 18 meses de prisión y 4 años de inhabilitación.

Tras la examinación por parte de un facultativo veterinario, al autor de la acción delictiva se le ha retirado la custodia del perro, quedando en un centro especializado de Badajoz donde recibirá la atención debida.

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