Los abogados adscritos al turno de oficio del Partido Judicial de Montijo se concentran a las puertas de los Juzgados

El colectivo de abogados adscritos al turno de oficio del Partido Judicial de Montijo, al que pertenece la localidad de Puebla de la Calzada, ha realizado una concentración de protesta esta mañana, día 14, a las puertas del Palacio de Justicia Montijo con el objeto de reivindicar un trato justo y digno a todos a todos los abogados que prestan sus servicios en el turno de oficio, y especialmente, el pago de toda actuación letrada que se realice en los procedimientos que son asignados a cada letrado.

El problema, según manifiesta José Antonio Calamonte Garjera–letrado adscrito al turno en Puebla de la Calzada, es «que el Ministerio de Justicia ha impuesto unilateralmente el criterio de que sólo se abonarán las actuaciones donde los Colegios de Abogados certifiquen la efectiva concesión del beneficio a la Asistencia Jurídica Gratuita, lo que ha supuesto dejar de abonar todas aquellas actuaciones que se realicen sin el amparo de tal reconocimiento». Esto significa, según manifiesta Armando Naranjo Mena, letrado adscrito al turno igualmente en Puebla de la Calzada «que, por ejemplo, en supuestos penales, en los que la actuación del letrado es totalmente necesaria, quiera o no el investigado o acusado, sea el letrado designado por la Comisión del Turno el que tenga que acreditar la insuficiencia de medios de su cliente si quiere cobrar el trabajo realizado, algo totalmente ilógico».

Según la nota redactada por letrados del turno de oficio se pone de manifiesto que «para dignificar el trabajo de todos los letrados que forman que parte del turno de oficio, la Administración Pública ha de garantizar el pago de todas las actuaciones que en defensa de su designado hayan realizado, con independencia de que finalmente el justiciable se le haya reconocido o no, finalmente, el beneficio de litigar con justicia gratuita»

La mayoría de las veces, los abogados adscritos al Turno de Oficio asumen la defensa de un interviniente en un procedimiento donde, con posterioridad a la realización de su trabajo, se acaba por no reconocer el beneficio a la Asistencia Jurídica Gratuita, ya que el propio interesado no ha remitido la documentación oportuna habiendo sido requerido para ello por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En esos momentos, continúa la nota «el trabajo ha sido realizado por el abogado designado por la administración y no le corresponde a él perseguir al justiciable para que aporte la documentación, sino que habrá de ser la Administración que, por supuesto tiene todos los medios para ello, la que reclame al ciudadano el coste del servicio, porque si bien es cierto, que todo el mundo tiene derecho a una defensa también lo es que no se puede cargar sobre el abogado de Oficio el hecho de reclamar a ese ciudadano no beneficiario de Asistencia Jurídica Gratuita la retribución por su trabajo o que este quede sin retribuir.» Vicente de los Ríos, abogado adscrito también al turno de oficio, manifiesta que «el Estado tiene todos los medios disponibles para reintegrarse del importe los honorarios pagados a un abogado que ha trabajado en defensa de los derechos de un ciudadano al que se le ha retirado o no se le ha concedido la justicia gratuita. Pensemos por ejemplo en la labor del Consorcio de Compensación de Seguros y su forma de actuar contra el conductor del vehículo que no tiene seguro»

Los letrados adscritos al turno entienden que esta es otra traba, una más, al tremendo servicio que los abogados realizan a cambio de unos retribuciones totalmente desfasadas y alejadas de la realidad amén de las desigualdades entre las comunidades autónomas. No hay que olvidar que Extremadura no tiene asumidas las competencias en Justicia y forma parte de las comunidades denominadas del «territorio común» por depender directamente del Ministerio de Justicia.

Es mayoritaria, sino unánime la posición de los letrados del Partido Judicial de Montijo de que es necesaria la unión de todos los letrados «en defensa de un servicio público esencial para la ciudadanía como es el derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad con quienes tienen medios».

Finalmente, y al objeto de que por parte de la instancia correspondiente se tome nota del problema los letrados concentrados, manifestaban que «no se descarta la opción de recurrir a medios más drásticos que una concentración para que el Estado tome conciencia de que el letrado es parte fundamental del funcionamiento de la justicia. Sin letrados no funciona el sistema, simplemente»